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SOLCOM recurre el decreto de dependencia de la Xunta de Galicia

admin (26 de abril, 2010)

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Solidaridad Comunitaria dice que la norma no se ajusta ni a la Convención de la ONU de 2006 ni a la Constitución Española.

La Asociación SOLCOM para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) contra el decreto de la Xunta que regula los derechos de las personas en situación de dependencia, por considerar que no se ajusta a la normativa vigente y sostiene la discriminación de las personas en situación de dependencia.

El texto recurrido restringe las libertades y la autonomía de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y no se ajusta ni a la Constitución Española ni a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que en su artículo 19 considera el ‘derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la sociedad‘. Este derecho fundamental es incompatible con el internamiento de los ciudadanos en residencias, donde se les excluye de la sociedad y se les obliga a llevar una vida dependiente, algo que no debería favorecer ninguna nueva norma.

La normativa fomenta el internamiento sistemático de ciudadanos en residencias, en detrimento de la opción de vivir en sus propios hogares y con la asistencia personal y técnica necesaria, ya que destina muchos más recursos económicos a las opciones no inclusivas que a la asistencia personal.

En SOLCOM se considera que el derecho a llevar una vida independiente en el entorno que cada ciudadano decida y contando con la asistencia personal que precise, no es una pretensión inabordable, sino una obligación que el Estado debe cumplir. Se trata de un derecho humano y fundamental, consagrado por esta Convención que es la ley superior para España y todas sus Administraciones.

También se cuestiona el enfoque económico del decreto. Frente a los 2.300 euros o 5.000 euros mensuales que cuesta una plaza en una residencia para una persona gran dependiente, para la contratación de apoyos para vivir en el propio hogar se destinan cantidades que son insuficientes y no permiten una opción más humana y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas.

La intención de este recurso es corregir una norma que vulnera derechos fundamentales y que debe adecuarse al nuevo marco normativo que fija la Convención de la ONU, modificando los criterios económicos y conceptuales que ahora implican de facto formas contrarias a la Convención de la ONU, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Copago.- El Decreto no sólo fomenta el internamiento de los ciudadanos en residencias sino que también introduce trabas para otras alternativas; así a aquellas personas que decidan vivir en sus domicilios y contar con la asistencia personal  y técnica precisa se les exige una mayor cofinanciación de la que tendrían que pagar si optaran por vivir internadas – pese a provocarle un mayor desembolso a la Administración-, algo que SOLCOM considera inaceptable.

Silencio Negativo.- El texto desencadena asimismo un ‘silencio administrativo negativo‘ que introduce desigualdad entre los españoles con diversidad funcional, quienes merecen un mayor nivel de protección y de diligencia en la respuesta. La organización del Estado no puede justificar que lo que sería susceptible de silencio administrativo positivo para otros ciudadanos españoles residentes en otras CC.AA., se convierta unilateralmente en negativo y gravoso para los ciudadanos españoles residentes en una C.A. determinada, como es el caso.

ALGO HABREMOS HECHO MAL

admin (23 de marzo, 2010)

Amparo y Venancio con su hija Emilia, de 38 años.

Amparo y Venancio con su hija Emilia, de 38 años.

Me decía un amigo allá por la primavera pasada cuando comenzaba a ponerse todo cuesta arriba, “espera y verás, al final, la culpa la tendremos nosotros, algo habremos hecho mal para merecer lo que se nos viene encima” y ya está siendo.

En estos momentos que, como consecuencia de una crisis que para no variar siempre ha de pagar el pueblo con más esfuerzo y más penurias, se escucha a algunos gestores de comunidades autónomas apuntar hacía la dependencia como un modo de ahorrar y así la consejera de hacienda gallega, Marta Fernández Currás, decía abiertamente que la Ley de Dependencia “es una auténtica bomba financiera” sugiriendo el aparcamiento de su puesta en funcionamiento hasta que vengan tiempos mejores, mientras tanto el gobierno afirma que no hay marcha atrás pero todo se verá que la cosa se está poniendo cruda y mi experiencia dice que aquí siempre se apunta al más débil por ser más fácil y como si éste no hubiera sufrido bastante ya.

Precisamente son las Comunidades Autónomas regidas por el Partido Popular como la gallega pero también la valenciana o la madrileña donde peor se está aplicando la Ley de Dependencia lo que parece obedecer a una desobediencia soterrada y orquestada. Por eso nos alegramos doblemente de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo haya visto claro y haya hecho justicia concediendo la ayuda a la dependencia desde el momento de la solicitud.

LOS DISCAPACITADOS REHENES DE LOS POLÍTICOS

admin (18 de febrero, 2010)

Jose Manuel Ramirez

Jose Manuel Ramirez

Tanto Valencia como Madrid, son Comunidades Autónomas regidas por el Partido Popular en las que a la Ley de Dependencia se le están poniendo palos en las ruedas que impiden su desarrollo normal.

La financiación es igual para todas las comunidades. No valen excusas, por tanto para que esto siga ocurriendo como no sea que los políticos hayan bajado a la arena de sus disputas la gran apuesta de Zapatero durante su mandato.

Esto es lo que viene a decir José Manuel Ramírez,  presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, observatorio desde el que evalúa el desarrollo de la ley en cada región y pone nota resultando ser el examen más temido por los responsables autonómicos de la Dependencia.

Hoy -se lamenta- con que “se especule con el sufrimiento de las personas más necesitadas” con el fin único de batallar en la arena política.

Hace estas manifestaciones en entrevista recientemente publicada en la que, sin ambages, da la cara para reclamar algo que antes por razones inconfesables y ahora por la disculpa de la crisis económica, va a pasar a ser del mayor avance en protección social en la última década hasta el gran fiasco y el último capítulo de esa larga cadena de discriminaciones que sufren las personas dependientes en nuestro país.

Todos debemos luchar para evitar que esto ocurra porque son muchas las familias desamparadas que han puesto todas sus esperanzas en el desarrollo de esta Ley sin olvidar que, algunos afectados y valorados, han muerto ya sin haber recibido un duro por culpa de las trabas de unos y otros.

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