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SOLCOM recurre el decreto de dependencia de la Xunta de Galicia

admin (26 de abril, 2010)

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Solidaridad Comunitaria dice que la norma no se ajusta ni a la Convención de la ONU de 2006 ni a la Constitución Española.

La Asociación SOLCOM para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) contra el decreto de la Xunta que regula los derechos de las personas en situación de dependencia, por considerar que no se ajusta a la normativa vigente y sostiene la discriminación de las personas en situación de dependencia.

El texto recurrido restringe las libertades y la autonomía de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y no se ajusta ni a la Constitución Española ni a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que en su artículo 19 considera el ‘derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la sociedad‘. Este derecho fundamental es incompatible con el internamiento de los ciudadanos en residencias, donde se les excluye de la sociedad y se les obliga a llevar una vida dependiente, algo que no debería favorecer ninguna nueva norma.

La normativa fomenta el internamiento sistemático de ciudadanos en residencias, en detrimento de la opción de vivir en sus propios hogares y con la asistencia personal y técnica necesaria, ya que destina muchos más recursos económicos a las opciones no inclusivas que a la asistencia personal.

En SOLCOM se considera que el derecho a llevar una vida independiente en el entorno que cada ciudadano decida y contando con la asistencia personal que precise, no es una pretensión inabordable, sino una obligación que el Estado debe cumplir. Se trata de un derecho humano y fundamental, consagrado por esta Convención que es la ley superior para España y todas sus Administraciones.

También se cuestiona el enfoque económico del decreto. Frente a los 2.300 euros o 5.000 euros mensuales que cuesta una plaza en una residencia para una persona gran dependiente, para la contratación de apoyos para vivir en el propio hogar se destinan cantidades que son insuficientes y no permiten una opción más humana y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas.

La intención de este recurso es corregir una norma que vulnera derechos fundamentales y que debe adecuarse al nuevo marco normativo que fija la Convención de la ONU, modificando los criterios económicos y conceptuales que ahora implican de facto formas contrarias a la Convención de la ONU, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Copago.- El Decreto no sólo fomenta el internamiento de los ciudadanos en residencias sino que también introduce trabas para otras alternativas; así a aquellas personas que decidan vivir en sus domicilios y contar con la asistencia personal  y técnica precisa se les exige una mayor cofinanciación de la que tendrían que pagar si optaran por vivir internadas – pese a provocarle un mayor desembolso a la Administración-, algo que SOLCOM considera inaceptable.

Silencio Negativo.- El texto desencadena asimismo un ‘silencio administrativo negativo‘ que introduce desigualdad entre los españoles con diversidad funcional, quienes merecen un mayor nivel de protección y de diligencia en la respuesta. La organización del Estado no puede justificar que lo que sería susceptible de silencio administrativo positivo para otros ciudadanos españoles residentes en otras CC.AA., se convierta unilateralmente en negativo y gravoso para los ciudadanos españoles residentes en una C.A. determinada, como es el caso.

LA ASISTENCIA PERSONAL EN GALICIA

admin (20 de febrero, 2010)

El Consejo de la Junta Gallega aprobó el decreto que regulará el derecho a las prestaciones de las personas en estado de dependencia y también la Asistencia Personal.

Miembros del Foro de Vida Independiente residentes en aquella Comunidad, han dirigido al presidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) en su calidad de vigilante del cumplimiento de la Convención de las naciones Unidas en cuanto a los derechos de las personas con Diversidad Funcional, un escrito solicitando su intervención por considerar que mencionado decreto vulnera estos derechos fundamentales lo que significa un paso atrás respecto al camino iniciado hace ya unos años. Por su argumentación nos parece interesante reproducir el escrito.

Luis Cayo Pérez Bueno
Presidente del CERMI
Madrid

Estimado Presidente del CERMI:

Suponemos que estáis al corriente de la reciente aprobación por el Consello de la Xunta del Decreto por el que se regulará en Galicia el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. En ese Decreto se regula también la Asistencia Personal.

Este es el resultado de un gran esfuerzo que comenzó en Galicia en el año 2005, abanderado por miembros del Foro de Vida Independiente (abajo firmantes), y después de un recorrido experimental de un Proyecto Piloto de 2 años, no exento de momentos difíciles de desacuerdo, interferencias, disonancias que nos ha traído hasta este punto, donde la Xunta de Galicia ha presentado como resolución una regulación de la Asistencia Personal concebida desde un modelo caritativo-asistencialista, obviando la Convención de la ONU de 2006 e incumpliendo la Constitución Española.

Por apreciar que este Decreto vulnera derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional (discapacidad), consideramos de interés general para toda la ciudadanía de España y, particularmente, para las personas en situación de dependencia, que es preciso recurrir por vía judicial dicha norma. Por este motivo nos dirigimos al CERMI al observar que, como veladores de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y, al mismo tiempo, como poseedor de medios técnicos y humanos, con su equipo de juristas, debería ser quien llevase a cabo este recurso, directamente o a través de sus organizaciones miembro representativas de las personas con diversidad funcional (discapacidad).

Los argumentos en los que afianzamos la pertinencia del recurso judicial son:

  • La creencia en que la vida de la persona en situación de dependencia tiene el mismo valor que la vida de cualquier otro ciudadano dotado de plena autonomía.
  • El fomento de las opciones de institucionalización de los ciudadanos con diversidad funcional y, por ende, la desincentivación de la opción de vida independiente, en el propio domicilio, entorno y comunidad de estos ciudadanos, gravando la libre elección de quienes opten por esta vía. Violando de modo flagrante preceptos jurídicos que prevalecen de modo absoluto e incontestable sobre otras normas internas de las diversas Administraciones Públicas.
  • En cuanto a la segunda causa de nulidad cualificada del decreto cuestionado, debe subrayarse que introduce un procedimiento más lesivo que el común español, al incorporar un silencio negativo, absolutamente incompatible con el disfrute en igualdad de un derecho fundamental positivizado por la ley española que da lugar al derecho que regula el Decreto y conculcando la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hoy positivizada por el Tratado de Lisboa, al contravenir las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes.

Solicitamos que a la mayor brevedad posible (puesto que a partir de la publicación del Decreto, hay un plazo breve para recurrir) nos déis respuesta a esta solicitud esperando que esta sea positiva, por el bien de quienes dependen de los apoyos de otros para vivir con dignidad.

Santiago, 19 de febrero de 2010