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CONVENCIÓN Y NORMAS

admin (31 de marzo, 2010)

Logo Derechos Humanos ya

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El gobierno reconoce y da un paso adelante en este sentido, que es preciso ajustar las leyes que afectan a las personas con diversidad funcional en España al mandato de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde mayo de 2008.

Según informó María Teresa Fernández de la Vega, el Consejo de Ministros dio luz verde al informe elaborado por un grupo interministerial presidido por la cartera de Sanidad y Política Social y que plantea una serie de ajustes normativos en diversos campos que inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La atención a las personas con diversidad funcional es básicamente una cuestión de Derechoso Humanos afirmó la Sra. Fernandez de la Vega y hemos de legislar para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a decidir por sí mismas y en áreas de legislación civil, mercantil y penal, las reformas se deberán centrar en  cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad.

LA ASISTENCIA PERSONAL EN GALICIA

admin (20 de febrero, 2010)

El Consejo de la Junta Gallega aprobó el decreto que regulará el derecho a las prestaciones de las personas en estado de dependencia y también la Asistencia Personal.

Miembros del Foro de Vida Independiente residentes en aquella Comunidad, han dirigido al presidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) en su calidad de vigilante del cumplimiento de la Convención de las naciones Unidas en cuanto a los derechos de las personas con Diversidad Funcional, un escrito solicitando su intervención por considerar que mencionado decreto vulnera estos derechos fundamentales lo que significa un paso atrás respecto al camino iniciado hace ya unos años. Por su argumentación nos parece interesante reproducir el escrito.

Luis Cayo Pérez Bueno
Presidente del CERMI
Madrid

Estimado Presidente del CERMI:

Suponemos que estáis al corriente de la reciente aprobación por el Consello de la Xunta del Decreto por el que se regulará en Galicia el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. En ese Decreto se regula también la Asistencia Personal.

Este es el resultado de un gran esfuerzo que comenzó en Galicia en el año 2005, abanderado por miembros del Foro de Vida Independiente (abajo firmantes), y después de un recorrido experimental de un Proyecto Piloto de 2 años, no exento de momentos difíciles de desacuerdo, interferencias, disonancias que nos ha traído hasta este punto, donde la Xunta de Galicia ha presentado como resolución una regulación de la Asistencia Personal concebida desde un modelo caritativo-asistencialista, obviando la Convención de la ONU de 2006 e incumpliendo la Constitución Española.

Por apreciar que este Decreto vulnera derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional (discapacidad), consideramos de interés general para toda la ciudadanía de España y, particularmente, para las personas en situación de dependencia, que es preciso recurrir por vía judicial dicha norma. Por este motivo nos dirigimos al CERMI al observar que, como veladores de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y, al mismo tiempo, como poseedor de medios técnicos y humanos, con su equipo de juristas, debería ser quien llevase a cabo este recurso, directamente o a través de sus organizaciones miembro representativas de las personas con diversidad funcional (discapacidad).

Los argumentos en los que afianzamos la pertinencia del recurso judicial son:

  • La creencia en que la vida de la persona en situación de dependencia tiene el mismo valor que la vida de cualquier otro ciudadano dotado de plena autonomía.
  • El fomento de las opciones de institucionalización de los ciudadanos con diversidad funcional y, por ende, la desincentivación de la opción de vida independiente, en el propio domicilio, entorno y comunidad de estos ciudadanos, gravando la libre elección de quienes opten por esta vía. Violando de modo flagrante preceptos jurídicos que prevalecen de modo absoluto e incontestable sobre otras normas internas de las diversas Administraciones Públicas.
  • En cuanto a la segunda causa de nulidad cualificada del decreto cuestionado, debe subrayarse que introduce un procedimiento más lesivo que el común español, al incorporar un silencio negativo, absolutamente incompatible con el disfrute en igualdad de un derecho fundamental positivizado por la ley española que da lugar al derecho que regula el Decreto y conculcando la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hoy positivizada por el Tratado de Lisboa, al contravenir las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes.

Solicitamos que a la mayor brevedad posible (puesto que a partir de la publicación del Decreto, hay un plazo breve para recurrir) nos déis respuesta a esta solicitud esperando que esta sea positiva, por el bien de quienes dependen de los apoyos de otros para vivir con dignidad.

Santiago, 19 de febrero de 2010

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