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El TSJC admite a trámite el recurso por vulneración de derechos fundamentales contra la regulación de la asistencia personal

admin (23 de diciembre, 2010)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite el recurso presentado por SOLCOM por vulneración de derechos fundamentales contra la orden de la Generalitat que regula la asistencia personal en Cataluña. La norma recurrida establece unas cuantías máximas para contratar asistencia personal que ni siquiera son suficientes para cubrir las horas dedicadas a la mera supervivencia, menos aún para desempeñar un trabajo, estudiar o participar en la vida comunitaria, social y cívica.

No se trata de una cuestión de insuficiencia presupuestaria, ya que según la memoria económica de la Cartera de Servicios 2010-11 la Administración invierte una media de 3.231 Euros/mes en internar en una residencia a una persona con diversidad funcional física (3.600 Euros/mes en casos de diversidad psíquica), mientras que el tope establecido para contratar asistencia personal es de 1.300 Euros/mes. Esto coarta la libertad de las personas con diversidad funcional para elegir dónde quieren vivir, y se favorece un modelo de segregación que impide un ejercicio pleno de los derechos humanos.

SOLCOM recuerda que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 19 el derecho a la vida independiente y la obligación de los Estados de proporcionar la asistencia personal necesaria para hacerlo efectivo. Este tratado internacional de derechos humanos es de obligado cumplimiento en España desde su entrada en vigor en el orden internacional, mayo de 2008, y tiene primacía sobre cualquier legislación o normativa interna.

Además de promover la institucionalización de las personas con diversidad funcional, la orden recurrida discrimina a los menores de 16 años y a los mayores de 64, así como a las personas con diversidad intelectual, mental o psíquica, impidiéndoles el acceso a la asistencia personal. También se imposibilita la igualdad de oportunidades de quienes elijan hacer vida independiente con el apoyo de la asistencia personal, al empobrecerles imponiendo fórmulas de copago y de reducción de las prestaciones que no tienen en cuenta ni el agravio económico comparativo que soportan las personas con diversidad funcional ni el hecho de que la asistencia personal no es un recurso substitutorio de ‘gastos hoteleros’ (alojamiento, comida, etc)

La Oficina de Vida Independiente (OVI) pide la suspensión cautelar de la orden que regula la asistencia personal en Cataluña

admin (21 de noviembre, 2010)

La regulación catalana establece un copago contrario a la Ley de Servicios Sociales, favorece el internamiento en instituciones y discrimina a los menores de 16 años, los mayores de 64 y las personas con diversidad intelectual, mental o psíquica

Según informa EUROPA PRESS, la Oficina de Vida Independiente (OVI), entidad formada por personas con diversidad funcional que autogestionan asistencia personal para hacer vida independiente, ha presentado recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el orden ASC/471/2010 de la Generalitat que regula la asistencia personal en Cataluña ‘porque es contraria a la legislación vigente’, y ha solicitado la suspensión cautelar de doce de sus artículos.

Estos doce artículos vulneran, entre otros, la Ley de Servicios Sociales, La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, la Constitución Española y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad., Dado que discriminan a los menores de 16 años, los mayores de 64 y las personas con diversidad intelectual, mental o psíquica, ya que les impide el acceso a la asistencia personal, único recurso que les permitiría llevar a cabo las actividades cotidianas dentro de la comunidad.

También se establecen fórmulas de copago y de reducción de las prestaciones que no tienen en cuenta ni el agravio económico comparativo que soportan las personas con diversidad funcional ni el hecho de que la asistencia personal no es un recurso sustitutorio de ‘gastos hoteleros’ (alojamiento , comidas, etc.).

El OVI denuncia que se promueve el internamiento de las personas con diversidad funcional en instituciones, porque se establece un máximo de 1.300 Euros / mes para contratar asistencia personal cuando, según la memoria económica de la Cartera de Servicios 2010-11, el presupuesto ejecutado en 2008 fue de 3.200 Euros / mes de media por plaza residencial para personas con diversidad física y más de 3.600 Euros / mes en casos de diversidad intelectual. No se trata de un problema de insuficiencia financiera, sino de orientación de la inversión hacia modelos respetuosos con lo establecido en la Convención de derechos de las personas con discapacidad, la Constitución, el Estatuto, la Ley de Autonomía Personal y la Ley de Servicios Sociales como garantía de las libertades y derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional.
20 de Noviembre de 2010

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