¿IBI? Probablemente, pero así no

admin (13 de noviembre, 2010)

Durante estos días los ciudadanos tenemos una desagradable cita anual con el impuesto local más importante, la contribución o IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, que representa aproximadamente la mitad de los impuestos de los ayuntamientos. Aunque ya ha sido tocado brevemente en este blog hace un año, su gran impopularidad, unida a su relevancia para las arcas públicas municipales y la crisis económica, justifican un análisis algo más profundo en estos momentos.
1. La vivienda habitual no puede ser tratada como los demás inmuebles.
 
En momentos de crisis como el actual, al contribuyente se le exige el pago de cantidades que pueden llegar a ser importantes (al menos respecto a la renta disponible de los ciudadanos en situaciones delicadas) simplemente por el hecho de ser propietarios de su vivienda, condición promovida en otros impuestos con importantes deducciones (renta).

En primer lugar, convendría diferenciar claramente la vivienda habitual de las demás. Así, se podrían dejar exentas las viviendas habituales, ya sea en su totalidad o en un importe razonable. Como referencia podría tomarse que en el impuesto sobre el patrimonio, en stand-by desde 2008, no se computaban los primeros 150.000 euros.

En cuanto a las demás viviendas (distinta de la habitual) sería necesario distinguir a su vez entre segundas residencias, inmuebles arrendados y otros, con la posibilidad de que sean algo superiores a los actuales en algunos de estos casos.
2. Los bienes de características especiales.

Se trata de bienes como carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, embalses, instalaciones de producción eléctrica o gas, parques eólicos, nucleares, etc. Por su alto valor, resultan muy jugosas para los municipios donde están instaladas.
3. Los valores catastrales.

Los procesos de revisión catastral (en teoría decenales) siempre son caldo de cultivo para usos electorales y queda casi a elección del alcalde de turno que se lleve a cabo, algo insólito en estas materias, provocando agravios comparativos entre ciudades; por ejemplo en Oviedo la última revisión data de 1996, en Gijón 2009 y Avilés 2000. (Madrid y Barcelona empatan, 2002).

En este sentido, el Ministerio de Economía y Hacienda a través del Catastro debería, de una vez por todas, poner en marcha los procedimientos de valoración que ya tienen contrastados para permitir tener completamente actualizados los valores catastrales, por ejemplo cada año, adaptándose a la evolución del mercado. Y así evitaríamos que los valores se actualicen anualmente por un coeficiente aprobado por el gobierno, 2% en casi todos los últimos años. Luego cada ayuntamiento establecería los tipos que considere oportunos dentro de sus competencias.
4. Entonces, ¿de dónde sacamos fondos para los maltrechos ayuntamientos?

Amén de la necesaria reestructuración de los municipios en nuestro país (unos 5.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes!) y de la aclaración definitiva de sus obligaciones-competencias, una opción sería establecer un pequeño recargo en el IRPF, pongamos con la elección de un tipo reducido en una pequeña horquilla para mantener cierta autonomía de decisión en el mundo local.

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