Impuestos y expolios

admin (18 de octubre, 2010)

(Artículo publicado en la sección de Tribuna en La Nueva España del Domingo 17 de octubre de 2010)

 

 

Los impuestos son la principal fuente de financiación del sector público para poder desarrollar sus políticas de gasto. El pago siempre resulta doloroso si se contempla de forma aislada, en la medida en que supone una disminución de nuestra renta disponible, pero la visión cambia cuando lo contraponemos a la devolución al ciudadano en forma de servicios públicos e infraestructuras fundamentalmente. Es evidente que unos impuestos son más aceptados que otros. A saber, el impuesto sobre la renta y el IVA forman parte natural de nuestra rutina y los asumimos con cierta normalidad al obtener renta o gastarla, en este último caso además apenas somos conscientes y padecemos de cierta ilusión fiscal. Mientras que el IBI, vamos la “contribución”, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, o sea la “viñeta”, y el impuesto a las herencias o sucesiones son bastante más incómodos.

 

Pero el centro de estas líneas es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava como su nombre indica principalmente las transmisiones de elementos como vehículos usados y viviendas no nuevas. En el caso de los vehículos usados, para evitar que comprador y vendedor traten de engañar al erario público con un precio inferior al real, se establece que el pago del 4% se efectúe sobre el valor estimado por la administración según vehículo –marca y modelo- y antigüedad, siendo habitualmente cuantías inferiores a las entregadas y por tanto se preserva al contribuyente casi siempre.

 

El problema radica en la compra-venta de inmuebles, mercado éste bastante complicado, envuelto en el pasado reciente en una enorme burbuja que no tuvo más remedio que estallar y devolver al sector a una situación bien distinta de la experimentada en los años del milagro económico español. Pues bien, en sintonía con lo comentado anteriormente para el caso de los vehículos, algunas regiones han “inventado” un sistema de valoración general que puede desembocar en una auténtica barbaridad fiscal, un expolio, un atraco al contribuyente. Al esfuerzo de pagar la cantidad exigida por el comprador y los gastos-comisiones-intereses de la entidad que le financia, hay que añadir que el comprador debe enfrentarse a una administración pública regional que le reclama el pago del impuesto sobre el denominado valor comprobado, su valor de mercado, no el valor de mercado pactado en la transacción. El tipo que se aplica en Asturias, 7% hasta julio y 8-10% desde esa fecha, implica que las diferencias pueden llegar a ser muy notables, incluso de miles de euros. Decir asimismo que la normativa que se aplica (Decreto 63/2008 actualizado por el Decreto 148/2009) también se utiliza para la valoración de inmuebles en el caso de las herencias, con los consiguientes problemas que puede acarrear para el pago por parte del heredero del discutido impuesto sobre sucesiones.

 

Extrañamente, el valor real de los inmuebles no es el que realmente se paga, sino el que se inventa la administración en una suerte de observador perfecto del mercado, una lástima que sus actividades inmobiliarias no generen grandes beneficios para así poder reducir los impuestos que pagamos con sacrificio. Con cierto tecnicismo pero abusando claramente de la generalidad y olvidando por completo que la valoración debe ser específica e individual del inmueble transmitido, su valor se obtiene multiplicando el valor catastral por un coeficiente según el municipio en que se encuentre. Por ejemplo en Oviedo un 3,41 (2,73 para desarrollos urbanísticos posteriores a 1995), en Gijón 1,79, en Avilés 3,26, en Mieres 4,00, en Siero 3,41, etc. Las diferencias se deben en buena medida a la fecha de revisión de los valores catastrales.

 

Esta situación está afectando a un buen número de ciudadanos y de ella se están haciendo eco algunos blogs especializados (véase por ejemplo contencioso). No podemos otra cosa que animar a los afectados a presentar las alegaciones y recursos que sean pertinentes (existe el derecho a una tasación pericial contradictoria), y solicitar a la administración regional que no sea miope observando el mercado inmobiliario sui generis y exigiendo más impuestos de los debidos a sus contribuyentes. La normativa vigente que aplica está alejada del mercado y debe ser derogada o al menos profundamente revisada. Aún con la reducción de precios de los últimos tiempos, los precios actuales siguen estando sobre-dimensionados (hace unos días la Comisión Europea cifraba la sobrevaloración en España en un 17% todavía!) y a pesar de todo se mantiene este despropósito tan sólo con el objetivo de recaudar. Pero no se puede recaudar a cualquier precio. Si comprador y vendedor pactan pongamos en 300.000 euros, ¿quién es la administración para establecer que el “valor comprobado” es 400.000? Repito, si eso fuese cierto, podría hacer excelentes negocios en el sector. Los ciudadanos asumimos el pago de impuestos para poder recibir contraprestaciones públicas, pero en ningún caso podemos permitir que el legislador abuse de sus atribuciones y exija el pago por una supuesta capacidad contributiva que no se corresponde con la realidad. 

 

 

Tampoco debemos olvidar que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales actúa de forma acumulativa, de tal modo que en cada transmisión se debe pagar por el importe total, en lugar de hacerlo sobre aquella parte del valor no gravada anteriormente al estilo del espíritu del IVA. Así se evitaría que los impuestos lleguen a representar un porcentaje tan alto del precio de las viviendas y contribuiría a su moderación, pero claro, las arcas se resentirían y no es momento de abordar mejoras en la fiscalidad, sólo de recaudar. 

 

 

Quejas tributarias al Defensor del Pueblo

admin (15 de octubre, 2010)

El Defensor del Pueblo ha presentado ante el Parlamento el preceptivo informe anual 2009 y las quejas ciudadanas en materia de impuestos están a la cabeza, por delante de temas tan delicados como justicia, urbanismo, policía, etc. Aquí se puede leer una noticia al respecto.

Liderar este ranking es preocupante. No obstante, hay que reconocer que son tantos los contribuyentes y tantas las veces que nos relacionamos con Hacienda en la multitud de impuestos vigentes que no es de extrañar tal volumen de reclamaciones, que quedarían relativizadas si se tiene en cuenta lo anterior. Sin embargo, los casos detectados han servido al Defensor para instar a acometer algunas reformas cada año, ojalá las quejas sirvan al menos para evitar que se repitan situaciones como las denunciadas.

En el mencionado informe, el apartado de impuestos destaca “las numerosas quejas por lo que los ciudadanos consideran un aumento exagerado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)”, fiel reflejo de la gran impopularidad de la contribución acrecentada en los procesos decenales de revisión catastral. El Defensor insiste en la propuesta de crear una bonificación para mayores de 65 años y personas con rentas mínimas cuyo único patrimonio sea la vivienda habitual, realizada en 2008 y rechazada entonces por el Gobierno.

En suma, las quejas se concentran en el campo de los impuestos y la administración debe tomar buena nota de ello y corregir lo que no funciona adecuadamente.

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Herencias desiguales

admin (4 de octubre, 2010)

Hoy nos vamos a ocupar de un tema polémico, el impuesto a las herencias o sucesiones. Para centrar la cuestión y ser fieles a la filosofía de este blog de entradas breves, este debate tiene dos puntos importantes: primero, si debe existir o no. Y segundo, si existe como ahora en nuestro país, si las diferencias entre regiones pueden ser tan abultadas.

Comenzando por su existencia, el impuesto a las herencias tiene defensores y detractores. En resumidas cuentas, la defensa del impuesto, además lógicamente de su recaudación -2.730 millones de euros en 2008-, descansa en un argumento redistributivo, de igualación de oportunidades, de equidad. El ataque al impuesto se basa en que esas rentas ya pagaron impuestos y por tanto volver a gravar su mera transmisión a los herederos es una clara doble imposición. En mi opinión este impuesto debe existir pero con unos mínimos exentos -fuera de gravamen- mucho más elevados que los actuales en los casos de padres a hijos.

El otro aspecto es la gran desigualdad que existe en nuestro país en el tramiento de las herencias. Ante la inmensa capacidad de las regiones para modificar aspectos esenciales del impuesto, incluso con reducciones del 100%, las diferencias entre comunidades son, a mi juicio, abismales e inaceptables (un resumen puede verse aquí). La bondad de la descentralización fiscal a las regiones tiene límites y grandes discrepancias provocan (sensación de) inequidad y cambios de residencia meramente por motivos tributarios. Dicho de otra forma, luchamos contra los paraísos fiscales internacionales y permitimos paraísos fiscales regionales.

En resumen, estoy de acuerdo con un impuesto a las (grandes) herencias, no demasiado agresivo, incluso casi testimonial, y con una mínima armonización para limitar las desigualdades entre regiones. Es una decisión política que deben consensuar los dos principales partidos y cuanto antes mejor.

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